Se crea el Programa Nacional de Esterilizaciones

La ley 2374 de 2024 brindaría un apoyo fundamental a los programas de esterilización territoriales al, aparentemente, "garantizar" fondos para esta actividad. Los municipios de categoría 2 y 3 contarían con una financiación del 50% y los de categoría 4, 5 y 6 del 100% por parte de la Nación. Sin embargo, a pesar de que sí fortalece el control de la población de animales de compañía, su efectiva implementación se ve afectada por la dependencia directa al Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA). Sistema que hasta el pasado 15 de julio fue reglamentado (decreto 810 de 2025), un año después de lo estipulado en la ley 2294 de 2023.

Hay que tener en cuenta que la presente ley entró en vigor desde su sanción el 12 de julio de 2024 y desde esta fecha el Minambiente y Gobierno Nacional tenían 6 meses para reglamentar el Programa Nacional de Esterilizaciones y crear el fondo SINAPYBA que financiaría el programa. Desafortunadamente, hasta ahora se está organizando quiénes participan y cuáles son las funciones del SINAPYBA, y nada se sabe sobre el fondo o cómo se obtendrán los recursos. Algo que claramente ha retrasado (y lo seguirá haciendo por un tiempo indeterminado) el inicio del programa.

La ley también obliga a las entidades territoriales a incluir en sus planes de desarrollo metas e indicadores de esterilizaciones, un aspecto positivo que impulsa la obligatoriedad de esterilizar en los municipios del país. Sin embargo, la dependencia al SINAPYBA aumenta la burocratización de los programas territoriales, quienes estarán sujetos (en especial aquellos que no cuentan con un programa vigente ni presupuesto) a la reglamentación y financiación que se desconoce cuándo y cómo se dará.

Claramente esta ley entra a fortalecer el bienestar animal en el país, pero, como muchas otras, lo hace desde el papel mientras se coordinan todas las entidades y lo “obligatorio” se hace real.

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